Una de las principales actividades de CORMA es representar la visión del sector forestal privado chileno ante los Poderes Ejecutivo y Legislativo y organismos regulatorios e impulsar diversas iniciativas acordes al compromiso gremial de promover el desarrollo forestal sustentable del país. Para ello, participa en mesas y comités de trabajo público-privadas nacionales y regionales, integra el Consejo de Política Forestal, es miembro de las principales organizaciones empresariales y tiene una agenda permanente de reuniones con autoridades, parlamentarios y los principales protagonistas del quehacer forestal chileno.

La Corporación promueve y elabora propuestas en materia de desarrollo forestal, productividad y crecimiento económico del país, impulsando especialmente la generación de políticas públicas relativas a la institucionalidad necesaria para el desarrollo futuro del sector y la creación de nuevos recursos forestales.

El principal organismo encargado de promover y fiscalizar la actividad forestal es la Corporación Nacional Forestal –CONAF- una institución estatal de derecho privado que cumple tareas de servicio público, figura legal compleja que requiere ser modificada para que el país cuente con un servicio forestal público en plenitud.
La creación de una nueva institucionalidad forestal exhibe nulos avances desde que en 2008 un dictamen del Tribunal Constitucional y la Contraloría General de la República determinó que CONAF no puede asumir nuevas funciones con su actual estructura jurídica, impidiendo el desarrollo e impulso de legislaciones de fomento y modernización en el ámbito forestal, como son el incentivo a la forestación o una ley integral sobre los incendios forestales, para ello se requiere de una ley que permita cambios en la institucionalidad del organismo.

A raíz de los graves incendios de comienzos de 2017, finalmente el Poder Ejecutivo ha enviado a trámite legislativo un proyecto de ley para establecer un Servicio Nacional Forestal. El Proyecto actualmente se encuentra en su segundo trámite constitucional en la comisión de Agricultura del Senado.