La Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados aprobó recientemente el proyecto de ley que prorroga los incentivos del DL 701 sobre fomento forestal hasta diciembre de 2018; es decir, el Estado continuaría bonificando la forestación, por cuanto constituye un cambio de uso del suelo en terrenos preferentemente forestales, que genera en forma simultánea madera de uso industrial y servicios ambientales.
Desde 1974 estuvo activo el DL-701, instrumento que dio buenos resultados en términos de superficie forestada y carbono capturado a través de las plantaciones forestales. Sin embargo, su efectividad fue declinando en el tiempo y en 2012 expiró la vigencia de su sistema de incentivos. ¿Por qué entonces prorrogarlo y no definir un nuevo instrumento de fomento forestal, más adecuado a la realidad actual del país? La respuesta es simple: para ello se requiere formular un proyecto de ley que defina cómo se renovarán los objetivos, alcances y operatividad del fomento a la forestación, proceso que demora al menos 2 años, pero además, para que comience su discusión legislativa se requiere previamente de una ley que cree un Servicio Forestal de carácter público (es decir, otros 2 años, aunque parte del trabajo se podría hacer en forma paralela).
Ante esta situación, la continuidad de los incentivos es una condición necesaria para mantener el sistema de forestación funcionando, esto es, que los viveros tengan disponibilidad de plantas y la mano de obra se mantenga en la actividad forestal, especialmente la fuerza de trabajo que complementa su participación en actividades agrícolas con las faenas de establecimiento, que se realizan principalmente en la temporada de invierno. Un principio de gestión de operaciones es no interrumpir una cadena de suministro: no es fácil recomponerla. Además, la continuidad del DL-701 permitiría ir incorporando nuevos esquemas de forestación al sistema, incluyendo algunos que se postulan para una nueva etapa en el fomento a la forestación, por ejemplo, plantaciones de especies nativas con fines de restauración ambiental.
Después de 38 años, ¿se requiere continuar fomentando la forestación? Ciertamente quedan muchos terrenos erosionados que se beneficiarían con una cobertura forestal, para lo cual se requiere mantener incentivos adecuados para que sus propietarios prefieran esta opción de uso del suelo. Lo que queda por discutir es cuáles serán los nuevos objetivos que el Estado debería lograr con la bonificación. Un enfoque relevante para la sociedad es que se orienten los recursos públicos a la generación de servicios ambientales, es decir, que mediante un buen diseño del instrumento, la renovación del fomento a la forestación resulte en el establecimiento de una superficie forestada que contribuya a la protección de cuencas, el control de la desertificación y la recuperación de la biodiversidad. También se pueden establecer plantaciones para la generación de energía renovable, reduciendo así las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestra matriz energética. Finalmente, si las plantaciones bonificadas se certifican en función de su manejo sustentable, serán un aporte costo-efectivo al cumplimiento de los compromisos internacionales que Chile presentará ante la Convención de Cambio Climático de las Naciones Unidas. En términos sociales, es posible concentrar la actividad en pequeños propietarios dando así mayores opciones para el desarrollo rural.
Por algo será que el fomento a la forestación es parte del programa del gobierno y se ha decidido financiar esta actividad a pesar de las limitaciones presupuestarias actuales del país.
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