El Ministerio de Agricultura ha decidido priorizar la agenda legislativa del sector forestal, enfocándose en la creación del Servicio Nacional Forestal. Existen claros argumentos a favor de la mejor gestión gubernamental-administrativa que resultaría de tener un servicio forestal de carácter público. Es un tema pendiente de larga data, que surge con la creación misma de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) como corporación de derecho privado en mayo de 1973.
Sería muy positivo para la institucionalidad pública del país que este tema se resuelva durante la presente gestión, lo que es un compromiso del programa forestal del gobierno. Cuando ya ha pasado un tiempo prolongado de un gobierno breve por naturaleza, se entiende que la capacidad de gestión se concentré en el logro legislativo más probable, como lo señaló el Ministro de Agricultura, sobre todo considerando su importancia como legado para el país. Siendo así, queda implícito que CONAF asignará su capacidad legislativa principalmente a preparar y presentar el respectivo proyecto de ley.
Sin embargo, si bien la presentación de dicho proyecto de ley podría requerir la dedicación exclusiva de CONAF, también se debe tener presente que la creación del Servicio Forestal no es el único tema apremiante en la agenda legislativa del sector forestal, aunque sea una condición para que las demás tengan éxito.
Dentro de los compromisos de mitigación de los GEI presentados recientemente por Chile en la COP-21, que definen nuestra contribución nacional como parte del acuerdo climático logrado en París, se consideran en forma única para la actividad forestal dos medidas específicas: manejar 100 mil hectáreas de bosque nativo y forestar 100 mil hectáreas, principalmente con especies nativas. Para cumplir estos compromisos se requieren nuevos instrumentos para el fomento a la forestación y al manejo del bosque nativo, los que a su vez requieren de una ley.
Las capacidades del Ministerio de Agricultura no se agotan en CONAF, pues tanto la Subsecretaria de Agricultura como la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), han llevado anteriormente procesos de discusión legislativa en el sector forestal. Por lo cual es viable avanzar simultáneamente si dos instituciones del ministerio llevan de manera propia la agenda de cada proyecto de ley (institucionalidad y fomento), con la debida articulación inter-institucional. Hay que aprovechar el poco tiempo disponible: ambos proyectos de ley son parte del programa de gobierno.
Como partes interesadas en el desarrollo forestal del país, los actores de la sociedad civil estaremos atentos a la convocatoria para participar en las iniciativas del gobierno y comentar sobre las propuestas presentadas a consulta pública.
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