En la sesión a la cual concurrió como invitado el presidente de CORMA, Fernando Raga, el dirigente gremial planteó a los parlamentarios que el nuevo Servicio Nacional Forestal debe cumplir tres funciones indispensables: fomento productivo, fiscalización, y prevención y combate de incendios. En ese sentido dijo que preocupa que se dé un mayor énfasis al tema incendios en desmedro de las otras dos tareas.
“Centrar la ley de SENAF en incendios se puede entender por la contingencia que hemos vivido, pero estimamos que la introducción de aspectos de prevención (muy necesarios) en el proyecto, tiende a confundir, porque aborda el tema incendios en forma parcial, siendo que debería ser tratado en una ley específica que lo aborde en forma amplia, introduciendo aspectos que están ausentes como, por ejemplo, involucrar a los pequeños productores forestales o agrícolas en planes de protección de incendios”, señaló en su presentación el timonel de CORMA.
A juicio del gremio, esto lleva a que en el cuerpo legal en trámite ninguno de los temas sea abordado en profundidad y al centrarse en incendios, “se resta fuerza al gran rol que puede tener SENAF en el desarrollo forestal sustentable del país”, justamente lo contrario a lo que se busca que “es robustecer el Servicio Nacional Forestal para cumplir las metas definidas en la política forestal", sostuvo Fernando Raga ante los miembros de la Comisión.
Metas y desafíos forestales del país
El timonel de la CORMA hizo ver que la Política Forestal 2015-2035, propuesta por el Consejo de Política Forestal y aprobada por unanimidad, en su eje productivo colocó metas ambiciosas: al año 2035 incorporar 500.000 nuevas hectáreas en manos de productores medianos y pequeños y manejar un millón de hectáreas de bosque nativo en forma sustentable. “Es un desafío gigante en forestación y bosque nativo y hay un elemento adicional: se habla de 450 mil hectáreas de restauración de bosques y de ecosistemas, lo que también es una tarea titánica”, subrayó.
Raga agregó que a ellos se suman los compromisos adquiridos por nuestro país en mitigación del Cambio Climático, donde la forestación, el manejo y la restauración son fundamentales.
“Creemos –dijo – que el proyecto de ley es una muy buena oportunidad para enfatizar fuertemente el rol de impulso productivo que debiera tener el futuro servicio forestal, pero nos da la impresión que no incorpora elementos que apunten en esa dirección en forma robusta y decidida y, ciertamente deja un vacío que hay que robustecer”, manifestó Raga.
CORMA también planteó que el cuerpo legal es muy general y vago en sus definiciones conceptuales en temas centrales, al punto que no es explícito respecto a la formación de nuevos bosques. “De hecho, puntualizó Raga- las palabras ‘bosques’ o ‘plantaciones’ prácticamente no aparecen. Se utiliza aparentemente en su lugar el concepto “formaciones vegetacionales” o “componentes de la naturaleza” como sujetos de la acción del Servicio, lo que resulta excesivamente amplio y difuso”, acotó.
El personero gremial agregó que esta misma ambigüedad se aprecia en la definición del concepto “mantención del paisaje” donde, a su juicio, “falta una definición de “paisaje”, y se da por hecho que en todos los casos “es social, económica y ambientalmente justificado de “mantener”.
Protección contra incendios
El presidente de CORMA calificó como “positivo y muy necesario” que el proyecto de ley contemple planes regionales de protección para la interfaz urbano – rural. Pero fue enfático al señalar que “hay que mejorarlos”, en especial en lo que se refiere a las atribuciones en la parte urbana de la interfaz, “donde se generan muchos casos indeseados de riesgo por falta de accesos de Bomberos, puntos de agua, invasión de construcciones irregulares en zonas de riesgo, ausencia total de protocolos de gestión de emergencias con involucramiento de vecinos y otros”, enunció.
En ese contexto, recalcó la necesidad de mejorar los accesos de Bomberos, así como los puntos de agua y regular decididamente la invasión de construcciones en zonas de interfaz, porque en la gran mayoría de los casos las construcciones se acercan a los bosques. “Así como la gente rural que habita en la interfaz por el lado rural va a tener que cumplir ciertas normas, también debería cumplir la parte urbana, para evitar que se produzcan problemas como los de los incendios de Valparaíso y lo que casi se nos produjeron en Constitución”, señaló.
El timonel del gremio forestal también valoró positivamente la incorporación de silvicultura preventiva en los planes de manejo. “A lo mejor a las empresas grandes uno les exige y lo pueden cumplir, pero si uno va a los productores pequeños, campesinos o agricultores, no es tan fácil”, por lo cual “es importante considerar esto en los planes de manejo que se exijan a futuro”, argumentó.
Al respecto, propuso incorporar a la normativa elementos específicos que apunten a que los pequeños propietarios puedan conocer y aplicar estas herramientas, y eventualmente apoyo del Estado para dicho objeto.
Duplicidad de tareas
El gremio forestal también expuso la preocupación del sector por una eventual superposición de tareas del SENAF con el Servicio de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, lo que a juicio de CORMA podría generar una “doble ventanilla” que dificultará las actividades productivas.
Fernando Raga indicó que esta misma inquietud se extiende al ámbito de la investigación, ya que el proyecto señala que el SENAF ejecutará y promoverá programas de conocimiento científico. “Nos preocupa que estas funciones se superpongan con el trabajo que viene desarrollando el Instituto Forestal hace más de 80 años. Hay un servicio estatal que funciona, como es el INFOR, que el sector privado valora mucho, porque nos permite disponer de una fuente de información objetiva e imparcial”, afirmó. En ese sentido, Fernando Raga, recalcó la necesidad de acceder a información independiente.
Finalmente, sostuvo que para CORMA es clave que el proyecto de ley consagre el rol de fiscalización de CONAF y, en este caso, del nuevo servicio forestal.
“Para todos nosotros es importante que haya una buena fiscalización. Primero, porque no hay competencia desleal; segundo, porque tenemos que mostrar un país que está ordenado, donde no nos puedan acusar de que cada uno hace lo que quiere; y tercero, debemos mostrar que existe en Chile un sistema robusto de fiscalización que funciona”, concluyó.
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