A juicio de Fernando Raga, presidente de la Corporación Chilena de la Madera, CORMA, los principales desafíos del sector son continuar con la forestación y avanzar en conseguir la paz social en La Araucanía. Asimismo, sostiene que se debe potenciar la productividad de los bosques y los procesos industriales, apoyando a los pequeños y medianos agricultores y forestadores.
En el ámbito de los procesos de sustentabilidad ambiental y social, Raga es enfático en recalcar que el 70 % de los bosques productivos en Chile están certificados; mientras que en el tema de robo de madera, asegura que el gremio ha venido promoviendo acciones coordinadas entre instituciones privadas y públicas, con el fin de terminar con este problema.
¿Cómo ve el rubro maderero para este 2015?
El mercado interno para la construcción se mantiene activo, lo que es buena noticia para las Pymes madereras que lo abastecen. Por otra parte, los exportadores de maderas remanufacturadas y aserradas se beneficiarán de un dólar alto, lo mismo que los exportadores de tableros. La celulosa también se verá favorecida por la tasa de cambio, si bien ha enfrentado un deterioro de precios en fibra larga. Creemos que será un año muy parecido al 2014 en materia de exportaciones, cuando se alcanzó un récord histórico de casi US$6.100 millones.
¿Cuáles son los desafíos?
Los principales desafíos del sector no se refieren tanto a mercados, sino a poder continuar con la forestación que ha caído dramáticamente con el fin del DL 701, ley que fomentaba las plantaciones en terrenos forestales y que concluyó el año 2012, sin que hasta la fecha se cuente con otro proyecto. También es importante avanzar en conseguir paz social en La Araucanía, pues la actual situación impide desarrollar normalmente sus actividades a varios rubros productivos, entre ellos el forestal y el agrícola.
¿Cuáles son las nuevas tendencias en el sector?
Creemos que la época de alto crecimiento de la superficie de plantaciones con el modelo tradicional ya terminó y entramos en un período en que debemos potenciar la productividad de los bosques y los procesos industriales, así como apoyar que pequeños y medianos agricultores y forestadores se incorporen al sector, forestando parte de una superficie de 1.5 millones de hectáreas disponibles y que están bajo su propiedad o control, lo que fortalecería el suministro independiente para las pymes madereras.
Por otra parte, debemos generar un espacio fomentando la construcción industrializada de madera para dar oportunidades a pequeñas y medianas empresas madereras y nuevos emprendedores en este rubro.
¿Cuáles diría que son los principales avances de los últimos años?
Se ha avanzado enormemente en procesos de sustentabilidad ambiental y social, a través de las certificaciones de manejo forestal sustentable internacionales a las que se abocaron las principales empresas del sector. Hoy el 70 % de los bosques productivos en Chile están certificados, muy por sobre el promedio mundial que llega a 30%. También podemos decir que los procesos de deforestación se encuentran controlados en Chile, en un mundo que pierde 5 millones de hectáreas anuales de bosques.
¿Cómo se evalúa el problema del robo de madera y la posibilidad de controlarlo?
El robo de madera es un flagelo que se viene registrando desde hace muchos años, aunque en el mediano plazo se ha puesto más complejo al ampararse en algunas zonas (en Biobío sur, por ejemplo) tras el llamado conflicto mapuche. CORMA ha promovido una acción coordinada entre los privados y los organismos públicos pertinentes como las intendencias, municipios, el Ministerio del Interior y las policías. Esta acción ha sido tomada con interés por el sector público y se han realizado gestiones bastante exitosas en la Región del Maule y posteriormente en la del Biobío.
¿En qué consiste el protocolo que busca evitar la procedencia ilegal de la madera?
Es una guía para el proceso de compra de madera que recomienda prácticas de requerimientos de información a los proveedores, consistencia con los planes de manejo, existencia y consistencia de las guías de despacho y diversas verificaciones que pueden incluir revisiones físicas en los puntos de origen y destino. Con ello se logra unificar un estándar de buenas prácticas y también advertir a quienes burlan la ley que existe un proceso riguroso y homologado entre las diversas empresas compradoras.
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